No es muy habitual tener que hablar de sanidad manejando conceptos propios del estamento policial o judicial, pero a la vista de lo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid como Presupuestos del año 2013, es lo primero que salta a la cabeza.
La implantación de 1€ por receta es una medida claramente recaudatoria, y sobre la que podremos discutir si tiene mucho o poco impacto sobre los bolsillos. Pero pretender disfrazarla como ‘disuasoria’ es un ejercicio de menosprecio y difamación a muy variados colectivos: 1) al de pacientes porque banaliza sus dolencias y enfermedades, y les hace sospechosos de mentir y fingir para conseguir recetas médicas a su capricho; 2) sobre los médicos porque supone asumir que dispensan recetas sin rigor y con intención de defraudar al erario público; y 3) sobre inmigrantes y personas con pocos recursos, sobre la que es claramente disuasoria, sí, disuasoria para llegar a tiempo de tratar enfermedades potencialmente mortales y curables.
La privatización completa de los servicios no sanitarios, de los 6 nuevos hospitales de gestión mixta y de la UCR, que tan flamantemente inauguró Dña. Esperanza Aguirre en 2008, es una torpeza más en esta huida hacia adelante en la que los únicos beneficiarios son las empresas privadas del sector sanitario, y de sus accionistas, algunos con altas responsabilidades en tareas de gobierno, o familiares, y de sobra conocidos. Sin entrar en el debate público-privado, que en mi opinión no existe (en España el modelo implantado hace más de 60 años fue el público y, si el privado quiere cuota del pastel que lo haga ‘como Dios manda’: sin contar con lo público y no, como hasta ahora, gracias a lo público). Y es torpeza porque nos va a costar muy caro. La consigna del “que más da, si el ciudadano no va a notar la diferencia”, es de nuevo otro insulto al contribuyente. Porque ¿quién paga esos hospitales y sus servicios? ¿A qué precio capitativo? ¿Qué medidas se prevén si las cuentas ‘privadas’ no salen? ¿Más ayudas públicas? ¿Aumento de los pagos capitativos? Es la historia de nuestra crisis actual, vamos a tirar de tarjeta de crédito sin pensar en los intereses (qué además desconocemos) ni en el montante final, cuyo pago y crisis consiguiente ya no será responsabilidad de los actuales gestores. Y es dinero de TODOS, de nuestros impuestos, lo que en el fondo se va a transferir de forma masiva al sector privado sanitario. La analogía con las actuales ayudas a los bancos es completa, y la utilización de la crisis (la doctrina del shock) como excusa para favorecer negocios privados, mediante una amplia desamortización pública, evidente. De nuevo, al ciudadano se le imputa por su fidelidad a un sistema ´público´ con lustros de buen funcionamiento y, sin juicio previo, se le considera como delincuente merecedor de una onerosa multa.
La externalización de la asistencia primaria, las conocidas EBAs, con modelos en Cataluña y, de amplia implantación en el Reino Unido, solo merece 2 anotaciones: Una, el tan llorado e injusto déficit de la hacienda catalana (Mas ‘dixit’) tiene mucho que ver con su sistema mixto público-privado de gestión sanitaria, en lo que ya se conoce como la catalanización de la sanidad madrileña; y en el que las EBAs son un elemento más. Y les recuerdo que ya fue generosamente subvencionado en la última legislatura de Felipe González; dos, en Inglaterra sus resultados no destacan por su eficacia, ni por su resolución, ni por ser especialmente buenos; pero es caro, muy caro (¿recuerdan el escándalo de algunas nóminas por encima de los 300.000€/año?).
Finalmente, la pretensión de reconvertir el Hospital de la Princesa en un ‘centro de alta especialización en personas mayores’ (me recuerda aquello del ‘negro néctar de los dioses del Olimpo con mixtificación sublime de la consorte del toro’) culmina esta retahíla de agresiones al SNS y al ciudadano en Madrid. No tiene sentido, ni pies, ni cabeza; salvo como antesala de una futura privatización. Para todo lo demás, déjenlo como está.
Espero que el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid recapacite y de cordura a este Proyecto de Presupuestos de 2013, anulando estas injustas medidas sanitarias que se proponen, y conminando al actual Gobierno de la Comunidad a sentarse a dialogar con los representantes médicos y sociales. Nuestro SNS, nuestra Salud, merece algo más que unos asesores con mucho interés económico y poco interés social.
