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Ha comenzado la negociación en relación al incremento de jornada decretado por el gobierno central, con eco en el autonómico, para los empleados públicos madrileños. Y la negociación se presenta bastante difícil, después de que se ha reducido, primero, y congelado, después, el salario de dichos funcionarios, ahora se pretende incrementar su jornada, en principio para reducir el déficit público, a la vez que la presidenta autonómica amaga con una reducción del tramo regional del IRPF. ¿Cómo se casa todo eso con justicia? Pues me temo que difícilmente.

Si la crisis económica ha golpeado duramente a alguien, está claro que ha sido a quienes hoy se encuentran en el paro. A muchos trabajadores, entre ellos los empleados públicos, la crisis está suponiéndoles una reducción de ingresos y/o un endurecimiento de sus condiciones de trabajo (y quede claro que a los llamados "funcionarios" nos han aplicado las dos medidas). Y aún queda un sector de trabajadores que no se han sentido perjudicados en sus condiciones laborales.

En este contexto se encuentra el incremento de jornada de los empleados públicos decretado tanto por el gobierno central como por el gobierno autonómico. Su intención es clara: no se trata de aumentar los servicios, sino de reducir el gasto de personal. Las horas adicionales servirían, por tanto, para reducir la necesidad de personal y, como consecuencia, enviar a más seres humanos al paro. ¡Genial!

Simultáneamente, nuestra presidenta regional se permite la frivolidad de amagar con una reducción del tramo regional de impuestos. Es decir, que, de alguna manera, se le ha pasado por la cabeza repartir riqueza (que no viene mal, si estuviera bien hecho) a costa del empeoramento de condiciones laborales de los funcionarios, de reducir su salario al disminuir el reconocimiento de quienes se ven obligados a realizar jornadas extraordinarias, y de enviar más personas al paro. ¡Una idea brillante!

Seguiremos prestando servicios, como empleados públicos responsables de la asistencia sanitaria, con el máximo cuidado que Vds nos permitan. Pero, sinceramente, nos va a ser difícil mirarles a la cara con respeto. Tendrán que ganárselo.

Se ha revolucionado mucho el ambiente con el anuncio, por parte del gobierno de la Comunidad, de una modificación en la prestación por incapacidad temporal (IT), en la cual los empleados públicos dejarían de percibir el complemento que la empresa (en este caso, la propia Comunidad y sus Consejerías y estructuras de servicio) aporta para cubrir el 100% de las retribuciones. Y se anuncia en el contexo de la intención declarada de reducir el absentismo laboral de los empleados públicos.

Ya de entrada, hay que llamar a las cosas por su nombre: esto es un claro recorte social. A partir de ahora, todos los empleados públicos con baja por enfermedad no laboral perderán ingresos con respecto a su situación activa, cumpliendo los mínimos exigidos por la legislación de la Seguridad Social. Pero dado que la Comunidad había aceptado, en acuerdos previos, aportar el complemento, su supresión supone una marcha atrás, con reducción en la prestación por IT y, por tanto, una reducción de prestaciones sociales.

Pero lo que empeora las cosas es que su presentación como medio para reducir el absentismo hace de la desconfianza en los profesionales una estrategia de gestión. No se puede negar que haya abusos en la prestación, por supuesto que no. Pero pretender que la forma de resolverlos es extender la duda a todo el colectivo de empleados públicos ofende, cuando menos.

Mala gestión vamos a ver si a partir de ahora todo depende de la duda. Lo cierto es que este planteamiento es fácilmente extensible: ¿qué les parecería a nuestros ilustres gobernantes si nosotros le diéramos la vuelta al planteamiento, y también actuáramos como si todos los políticos actuaran con motivaciones corruptas? Bueno, esto lo dejamos para una siguiente entrada, que bien podría titularse: "¿Actuar como si todos los políticos fueran unos sinvergüenzas?"

En el paquete de medidas anti-crisis, se ha incluido el incremento de jornada laboral de los empleados públicos. Y la Comunidad está decidida a implantarlo, incluyendo, por supuesto, a los profesionales del Sistema Sanitario Público. Y en eso andan, con el apoyo de una ley estatal difícil de remover.

Y se amparan en que los empleados públicos tenemos una jornada muy reducida, utilizando una vez más la inquina contra un colectivo al que ya se han encargado, y bien, de poner a caldo previamente, para poder contar con apoyo social en este tipo de medidas. Sin embargo, no podemos olvidar que la jornada de los profesionales madrileños es fruto de un pacto entre la Administración y los sindicatos, y que, por tanto, es asumida como medida por el propio gobierno de la Comunidad. Así que los funcionarios madrileños no trabajamos 35 horas por capricho, sino por una medida adoptada por el mismo gobierno que ahora la echa atrás.

Dejemos las cosas claritas: los profesionales sanitarios del SERMAS tenemos una jornada de 35 horas porque así lo asumió el Gobierno regional. Curiosamente, del mismo partido que ahora gobierna. Debe ser que tomaron decisiones imprudentes en su momento...

Pero también es hora de rescatar una realidad y sacarla a la luz: muchos de los médicos madrileños trabajan más de las 35 horas semanales, sin que eso les sea reconocido. Médicos de atención primaria que completan su cometido (avisos domiciliarios, preparación de sesiones, etc) en horas extras no reconocidas no pocos días al año, residentes que prolongan su jornada para completar la labor asistencial y complementarla con su necesario apoyo formativo, facultativos de servicios de urgencia que prolongan su jornada para transmitir correctamente al médico que les releva la situación de cada paciente...

Y no vale el argumento de que hay médicos que no cumplen su horario. Eso, en todo caso, es una responsabilidad de los buenos gestores que, a lo que se ve, no tiene la sanidad madrileña, que lo consiente. En ningún caso puede la Administración legitimar su actuación en base a quienes incumplen las normas, dudando por sistema de todo el mundo y perjudicando con ello a los buenos profesionales que sacan el sistema adelante día a día. Y tampoco pueden las organizaciones médicas, como AMYTS, tomar como punto de partida de una negociación el control de los profesionales incumplidores.

Por tanto, si hemos de hablar de horario, saquemos a flote la jornada sumergida, y exijamos el reconocimiento de un tiempo realmente trabajado por los profesionales. Si nadie está dispuesto a regalar nada, tampoco lo regalemos nosotros.